Reducir la jornada no es suficiente: entre la promesa política y la realidad productiva

Reducir la jornada no es suficiente: entre la promesa política y la realidad productiva

Hay una pregunta que los legisladores raramente se hacen antes de votar: ¿a quién le estoy resolviendo la vida y a quién le estoy complicando la operación?

La reducción de la jornada laboral llegó al debate público envuelta en el lenguaje del bienestar, la dignidad y el equilibrio. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de que las personas tengan más tiempo para vivir. El problema no es la intención. El problema es creer que una sola medida puede aplicarse de la misma forma a una empresa de tecnología en Ciudad de México, a una planta manufacturera en Guanajuato y a una PyME familiar en cualquier municipio del Estado de México. Eso no es política pública. Es un decreto con buena prensa.

Yo misma hice una transición hacia un modelo distinto. Desde la pandemia, en mis empresas dejamos de trabajar por horarios cerrados y migramos hacia una gestión por proyectos y fechas de entrega. Me funcionó. Pero tengo muy claro por qué me funcionó: la naturaleza de lo que hacemos lo permite. Una agencia de comunicación, una productora de contenidos, una imprenta especializada pueden, en muchos casos, medir resultados por entregables. Esa flexibilidad fue una decisión que tomé con conocimiento de mi operación, no una instrucción que llegó desde fuera.

Mis conversaciones con otros empresarios cuentan una historia diferente. Para quienes necesitan disponer de sus colaboradores en horarios específicos, la reducción de jornada no generó bienestar: generó un problema aritmético. O contratan más personas para cubrir las mismas horas de producción, o abren un turno adicional y asumen el costo diferencial. En ambos casos, el gasto operativo sube. Y en una PyME, ese incremento no se absorbe con facilidad ni se traslada al precio sin consecuencias.

No estoy argumentando en contra del bienestar laboral. Estoy argumentando en contra de la simplificación. Bienestar no es sinónimo de menos horas. Bienestar es tener un trabajo estable, un ingreso digno, condiciones seguras y un liderazgo que trate a las personas como adultos. Hay trabajadores que prefieren más horas con mejor pago. Hay sectores donde la presencia física no es negociable. Hay empresas que aún no tienen la madurez operativa para gestionar por resultados, y forzarlas a hacerlo sin acompañamiento es solo trasladarles un problema sin darles las herramientas para resolverlo.

Lo que distingue una buena política pública de una declaración de principios es el diagnóstico sectorial. ¿Cuántas empresas tienen la infraestructura para absorber este cambio sin afectar su viabilidad? ¿Cuántas PyMEs fueron consultadas antes de que esto se convirtiera en ley? ¿Qué mecanismos de acompañamiento existen para los sectores que operan con márgenes estrechos? Si esas preguntas no tienen respuesta clara antes de legislar, entonces no estamos hablando de una reforma laboral. Estamos hablando de una promesa que alguien más tendrá que pagar.

La pregunta entonces no es si debemos reducir la jornada.La pregunta es cómo hacerlo sin romper lo que hoy sostiene a millones de familias. Eso implica hablar de productividad, de incentivos, de tecnología, de capacitación, de transición gradual. Implica reconocer que no todas las industrias, ni todas las regiones, ni todas las empresas parten del mismo punto.

Implica, sobre todo, asumir que legislar sin escuchar a quienes operan todos los días la economía real, no es avanzar: es imponer.

Reducir la jornada laboral puede ser un gran paso. Pero solo si se construye sobre una visión integral. Porque entre el discurso y la realidad, hay una distancia que no se resuelve con buenas intenciones. Se resuelve con responsabilidad.

El bienestar de los trabajadores y la viabilidad de las empresas no son objetivos opuestos. Son las dos caras de la misma moneda. Una empresa que no puede sostenerse no genera empleos. Un trabajador sin empleo no tiene jornada que reducir. Esa ecuación debería ser el punto de partida de cualquier reforma, no el argumento que se usa para frenarla.

Legislar es fácil. Operar es otra cosa.