FALSO DILEMA DE LA 4T: SOBERANÍA O JUSTICIA

No hay forma elegante de decirlo: el gobierno de México enfrenta la delgada línea entre defender o encubrir, ante señalamientos formales de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico de un gobernador, un senador y un puñado de servidores públicos morenistas, responsables de diversos delitos. Negarlo no es opción; enfrentarlo con legalidad, sí.

La base jurídica de esas acciones no es improvisada. La Controlled Substances Act permite procesar a cualquier persona, en cualquier país, si participa en la fabricación o distribución de drogas con la intención de introducirlas a EE.UU. A ello se suma la figura de conspiración, que castiga el acuerdo criminal aunque ocurra fuera del territorio estadounidense.

En lo internacional, la Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes faculta a los Estados a establecer jurisdicción cuando los delitos estén dirigidos a cometerse en su territorio. Y lo que conecta ambos sistemas es el Tratado de Extradición México–Estados Unidos; acuerdo que establece tres condiciones: que exista que el delito exista en ambos países, que el gobierno demandante presente pruebas suficientes (causa probable), y que las actuaciones se sometan a control judicial del lado mexicano. No hay excusas.

La posición del gobierno mexicano es incómoda y será reveladora: Si rechaza los señalamientos en nombre de la soberanía, dará la espalda al Derecho. Si coopera sin exigir y validar pruebas, abdica de su responsabilidad. Lo que debe hacer está claro: investigar con autonomía, presentar evidencias y actuar en consecuencia.

La responsabilidad recae con todo su peso en la Fiscalía General de la República. La FGR no es defensora del régimen, no debe serlo. Debe ser garante de la legalidad. Su deber no es proteger trayectorias políticas, sino esclarecer hechos. Hoy tiene la oportunidad de demostrar que en México la justicia no depende del cargo ni del partido.

Lo que está en juego es la herencia de dos sexenios. Uno que normalizó la narrativa de la tolerancia bajo la consigna de “abrazos, no balazos”. Otro que, hasta ahora, ha negado lo que empieza a acumularse como evidencia pública.

El gobierno federal aún tiene una salida digna. No está en el discurso ni en la descalificación automática. Está en hacer lo que debió hacerse siempre: investigar, probar y sancionar.