No hay forma elegante de decirlo: el gobierno de México enfrenta la delgada línea entre defender o encubrir, ante señalamientos formales de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico de un gobernador, un senador y un puñado de servidores públicos morenistas, responsables de diversos delitos. Negarlo no es opción; enfrentarlo con legalidad, sí.