JORNADA LABORAL DE 40 HORAS, EL NUEVO ENGAÑO

Vida Pública

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales pudo haber sido una reforma estructural; terminó siendo, al menos por ahora, un ejercicio de oportunismo político con rostro social. No porque la aspiración sea equivocada —es legítima, deseable y necesaria— sino porque el modo en que se empujó revela algo más inquietante: la perversidad del poder para utilizar una causa como velo para ocultar realidades incómodas.

Con la aprobación en el pleno del Senado —incluidos los votos de la oposición— el país no celebró una conquista laboral; presenció la consumación de una estrategia. El dictamen llevaba meses listo, técnicamente armado y legislativamente dormido. No se legisló cuando pudo hacerse. Se hizo ahora, súbitamente, cuando la agenda pública se encuentra saturada de escándalos de corrupción, cuestionamientos internacionales por vínculos criminales que avergüenzan al Estado, señales de debilitamiento económico y crisis sanitarias mal gestionadas. No es casualidad que resurja una reforma atractiva justo cuando más se necesita desviar reflectores.

Y lo peor no es eso, sino la irresponsabilidad de lanzar una reforma que no tiene visos claros de aplicabilidad en los términos que la ciudadanía supone. Millones creen que “40 horas” significa dos días de descanso, mejor calidad de vida y equilibrio entre trabajo y familia. El texto aprobado, sin embargo, deja márgenes de interpretación que diluyen esa aspiración. Permite excepciones y esquemas de horas extras que, en la práctica, van a convertir la reducción en una ilusión estadística.

Aquí se asoma la perversidad: no solo se usa un tema noble para distraer, sino que se siembra una expectativa que puede no cumplirse. Se promete bienestar inmediato sin construir las condiciones que lo hagan sostenible. Es políticamente rentable anunciar la jornada reducida; pero no garantiza que funcione.

Conviene recordar que la jornada de 40 horas no es una idea novedosa. Fue planteada por Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México desde 1973, pues entendía que el progreso tecnológico debía traducirse en dignidad laboral. Aquella propuesta no prosperó por una razón que sigue vigente: reducir horas sin elevar productividad, ni fortalecer el entorno económico generará efectos adversos.

Esta reducción presionará a las pequeñas y medianas empresas, incentivará la informalidad, frenará contrataciones y saboteará la creación de nuevos empleos, si no se acompaña de políticas de transición.

La aprobación en el Senado implica que ahora la responsabilidad es completarla para que funcione. El voto de las fuerzas opositoras no es una adhesión acrítica, sino compromiso de corregir el diseño.

Hacerlo implica, primero, garantizar explícitamente dos días de descanso semanal y eliminar ambigüedades que permitan simulaciones. Segundo, acompañarla de una política industrial que facilite la instalación y operación de empresas, reduzca cargas burocráticas y otorgue certidumbre jurídica. Tercero, establecer incentivos fiscales y financieros para la adopción tecnológica que eleve la productividad por hora trabajada. Cuarto, vincularla con una estrategia educativa y de investigación que forme talento competitivo en sectores de alto valor agregado. Y, sobre todo, fortalecer el Estado de derecho para combatir la incertidumbre. Pero nada de eso compagina con la 4t.

Reducir la jornada laboral puede dignificar la vida de millones si se hace con responsabilidad económica, claridad jurídica y coherencia institucional; si se hace con Estrategia Integral.