Baches en el asfalto, abismos en la justicia
Hay problemas que se ven y problemas que se padecen en silencio. Una llanta ponchada por un bache es suficiente para encender la indignación de la ciudad, afecta el automóvil, provoca tráfico, puede generar un accidente y, sobre todo, se puede fotografiar. El pavimento roto abre noticieros, acapara las portadas de los diarios locales y moviliza promesas políticas exprés.
La presión social es tan efectiva que los gobiernos municipales reaccionan de inmediato con millonarios programas de bacheo Sin embargo, una mujer que espera meses o años para que avance una carpeta de investigación no siempre tiene esa misma visibilidad. Y quizá ahí comienza una de nuestras mayores contradicciones como sociedad.
Nadie debería cuestionar que un gobierno municipal atienda las calles. Tener vialidades transitables es un servicio público básico y también una obligación de las autoridades. El problema aparece cuando aprendemos a medir la eficacia de un gobierno por la cantidad de baches que tapa, pero no por la cantidad de víctimas que logra proteger, investigaciones que logra concluir o mujeres que consigue sacar de un círculo de violencia.
En Toluca, por ejemplo, el gobierno municipal reportó para 2025 una inversión de 221.4 millones de pesos en un programa de bacheo, con 48 frentes de trabajo. Para 2026 anunció como meta reparar 20 mil baches durante el primer semestre.
En Ecatepec, el Cabildo aprobó una reasignación de 70 millones de pesos para la compra de asfalto destinado a bacheo y repavimentación. Posteriormente, el municipio informó que había atendido más de 31 mil baches. El propio gobierno municipal ha reportado una inversión superior a mil 140 millones de pesos en vialidades.
Metepec tampoco es ajeno a esta lógica. En 2025 se anunció un programa para atender cerca de cinco mil baches, con un presupuesto aproximado de 72 millones de pesos.
Son cifras importantes. Pero hagamos otra comparación.
En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia tuvo para 2025 un presupuesto de 5 mil 250 millones de pesos. De esa cantidad, 90 millones fueron etiquetados específicamente para fortalecer la atención de delitos vinculados con violencia de género. Y aquí aparece el verdadero abismo.
En 2023, la Fiscalía inició más de 383 mil carpetas de investigación. Cerró poco más de 42 mil y dejó pendientes más de 185 mil, de acuerdo con datos presentados ante el Congreso mexiquense. Ese año ejerció más de 5 mil 317 millones de pesos.
No existe, por supuesto, una tarifa oficial que nos permita decir cuánto cuesta “un expediente de violencia contra una mujer”. Y sería irresponsable inventarla. Una investigación puede requerir policías, peritos, ministerios públicos, dictámenes, atención psicológica, medidas de protección, acompañamiento jurídico y, eventualmente, intervención judicial. Pero precisamente por eso debemos entender que la justicia también requiere inversión.
Una mujer que denuncia violencia no está pidiendo un favor. Está poniendo en marcha una maquinaria institucional que debe protegerla, investigar, acreditar responsabilidades y evitar que el siguiente episodio termine en una tragedia.
Y las cifras sociales son alarmantes. La ENDIREH de INEGI encontró que 78.7% de las mujeres de 15 años y más en el Estado de México había experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida; 47.6% había vivido violencia durante los 12 meses anteriores al levantamiento de la encuesta.
Entonces, ¿por qué un bache genera más presión ciudadana que una carpeta que no avanza?
Porque el bache se ve.
El bache se puede señalar en Facebook. Se puede recorrer con una cámara. Se puede mostrar antes y después. Se puede colocar maquinaria, casco, chaleco y fotografía institucional. Es visible y políticamente rentable.
La justicia, en cambio, es lenta, técnica y muchas veces invisible. No hay inauguración cuando una mujer recibe una medida de protección. No hay fotografía cuando un perito realiza correctamente su trabajo. No hay cinta que cortar cuando un Ministerio Público integra una carpeta con perspectiva de género. Y tampoco existe una imagen electoralmente sencilla para mostrar que una víctima dejó de tener miedo porque finalmente confió en las instituciones.
Por eso quizá necesitamos cambiar nuestras prioridades, no necesariamente sustituyendo el bacheo por la justicia, sino entendiendo que ambas cosas forman parte de una obligación mucho mayor: construir ciudades donde las personas puedan transitar seguras y, al mismo tiempo, vivir seguras.
Porque un gobierno que tapa un bache resuelve un problema. Pero un gobierno que consigue que una mujer denuncie, sea escuchada, protegida y encuentre justicia, puede cambiarle la vida.
Y esa también debería ser una obra pública.
Una que no se ve en el asfalto, pero que determina profundamente el tipo de sociedad que estamos construyendo.
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