La confianza municipal: la que más se rompe

La confianza municipal: la que más se rompe

El proceso electoral local de 2027 todavía no inicia formalmente, pero la conversación

pública ya se movió. En el Estado de México comenzarán a renovarse expectativas, nombres, equipos y aspiraciones rumbo a los ayuntamientos. Y antes de que lleguen las campañas, ya hay una advertencia para quienes gobiernan o buscan gobernar: la confianza ciudadana no espera los tiempos electorales para deteriorarse.

En política local, la confianza no se vulnera únicamente por una sentencia, una derrota

en las urnas o una investigación concluida. También se rompe cuando una autoridad actúa sin cuidado, comunica tarde, explica mal o pretende resolver con propaganda lo que debería aclararse con hechos verificables.

No corresponde a esta columna determinar responsabilidades legales ni convertir investigaciones abiertas en sentencia pública. Sí corresponde advertir que varios episodios recientes en el Estado de México muestran una exigencia mayor para los gobiernos municipales: conducta pública, comunicación responsable y rendición de cuentas en tiempo real.

Tenancingo es un primer caso. La presidenta municipal Nancy Nápoles Pacheco denunció haber sido secuestrada; la Fiscalía mexiquense sostiene que investiga una posible simulación vinculada a un supuesto faltante de recursos públicos. La alcaldesa niega esa versión, afirma que sí fue víctima de un delito, rechaza que exista desfalco y ha pedido auditorías. El punto no es prejuzgar. El punto es que, cuando existen versiones tan graves y contrapuestas, el gobierno municipal queda atrapado en una crisis de confianza.

Metepec ofrece otra advertencia. Fernando Flores Fernández, presidente municipal, fue señalado públicamente después de difundirse un video en el que se le observa ingresar al Club Deportivo La Asunción acompañado de escoltas armados. El hecho escaló al debate nacional, generó disculpas públicas y abrió revisión de autoridades. Más allá del desenlace legal o administrativo, el episodio dejó una lección elemental: el poder público exige autocontrol. La ofuscación no gobierna. La fuerza no comunica autoridad; comunica riesgo.

Toluca también aporta una señal delicada. Medios locales reportaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación de oficio por señalamientos de presunto acoso e intimidación contra una colaboradora de un medio, atribuidos a una persona servidora pública municipal. El ayuntamiento informó seguimiento institucional y el funcionario señalado negó los hechos. Aquí tampoco corresponde dictar sentencia. Pero sí subrayar algo: cuando hay señalamientos contra personas servidoras públicas, la respuesta institucional debe ser rápida, sensible, verificable y respetuosa del debido proceso.

Los tres casos son distintos. No deben mezclarse jurídicamente. Pero comparten una misma lección pública: los ayuntamientos ya no pueden comunicar como si nada quedara registrado, como si la ciudadanía no observara, como si las redes socio digitales no amplificaran y como si una crisis pudiera resolverse con una frase de ocasión.

Edelman ha insistido en sus estudios de confianza que vivimos una etapa de agravio, sospecha y baja tolerancia frente a instituciones que no explican con claridad. En México, su Barómetro de Confianza 2025 ubicó al país en zona neutral, no en confianza plena. Ese dato importa: la confianza existe, pero es frágil. No está garantizada. Puede deteriorarse con rapidez cuando una autoridad parece esconder, minimizar o administrar mal la verdad.

José Antonio Llorente, fundador de LLYC, dedicó buena parte de su pensamiento a explicar que la reputación no se decreta: se construye con hechos, coherencia y conversación pública. Hoy esa conversación ya no pasa solo por boletines o conferencias. Pasa por teléfonos celulares. La ciudadanía graba, edita, comparte, interpreta y da resonancia. A veces acierta, a veces exagera, pero siempre observa.

Por eso, quien aspire a integrar o encabezar un ayuntamiento en 2027 debería tomar nota desde ahora. La comunicación pública no es maquillaje. No sirve para borrar errores ni fabricar inocencias. Sirve para ordenar hechos, explicar decisiones, cuidar derechos, transparentar procesos y evitar que el vacío informativo sea ocupado por rumor, indignación o propaganda.

Desde el Valle de Toluca esta discusión importa. La región no necesita aspirantes que confundan comunicación con autopromoción. Necesita perfiles capaces de entender que gobernar implica cuidar la conversación pública, responder con evidencia y actuar con responsabilidad en un entorno donde todo puede ser observado, grabado y compartido.

Para no olvidar

Cuando la autoridad local falla en conducta, explicación o evidencia, la crisis deja de

ser un episodio político: se convierte en una fractura directa contra la confianza de la

ciudadanía.