Fiscalización con rumbo preventivo: OSFEM reporta 87 sanciones y recuperación de recursos en 2025
- Jaime Arriaga

- hace 20 horas
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El Congreso mexiquense recibió el Informe de Resultados 2025 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), documento que marca un giro hacia una fiscalización de carácter preventivo y de acompañamiento institucional.
Durante la entrega, el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, coincidieron en que el modelo actual busca fortalecer la correcta aplicación de los recursos públicos antes de que se conviertan en irregularidades mayores.
El informe detalla la promoción de 26 informes de presunta responsabilidad administrativa, de los cuales derivaron 87 sanciones, así como la recuperación de más de 7 millones de pesos por parte de entidades públicas. Además, se dio seguimiento a ocho denuncias penales.
En total, el OSFEM practicó auditorías a 547 entidades estatales y municipales, ejecutó más de cinco mil procedimientos de auditoría y emitió más de seis mil 700 observaciones, incluyendo la calificación de 32 presuntas faltas administrativas graves.
Francisco Vázquez subrayó que una fiscalización responsable permite corregir a tiempo, fortalecer procesos y evitar la repetición de errores, garantizando que programas sociales y obras públicas cumplan su propósito.
Por su parte, Martha Camacho sostuvo que la fiscalización en el Estado de México dejó de ser reactiva para convertirse en preventiva, asegurando que no habrá complacencias ni simulaciones.
La titular del OSFEM, Liliana Dávalos Ham, informó que desde el 1 de enero de 2025 se ha impulsado una fuerza auditora profesional con visión de largo plazo. En este periodo se analizaron 400 presupuestos municipales, más de mil 950 informes trimestrales y se capacitó a más de dos mil personas servidoras públicas, alcanzando un 93% de cumplimiento en obligaciones periódicas.
El trabajo, respaldado por más de 660 personas servidoras públicas, incluyó un incremento del 10% en auditorías respecto a la Cuenta Pública 2024 y la eliminación del rezago en procedimientos resarcitorios.





























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