Hasta 30 años de prisión a “montachoques” propone Congreso mexiquense

Ante el incremento alarmante de los denominados montachoques, grupos delictivos dedicados a fabricar accidentes para extorsionar a automovilistas, diputados mexiquenses impulsan una reforma legal que endurecería las penas hasta con 30 años de cárcel para quienes participen en estas prácticas criminales.

“El montachoque dejó de ser una simple estafa para convertirse en una estructura criminal con ganancias millonarias y complicidades institucionales”, advirtió el diputado Octavio Martínez Vargas y expuso que la propuesta busca tipificar el “montachoque” como delito grave de extorsión, castigando no sólo a quienes provocan los choques, sino también a las redes que los organizan, operan y encubren.

De acuerdo con datos presentados durante la sesión, en municipios como Ecatepec —donde surgió esta modalidad durante la administración del alcalde Fernando Vilchis— se registran hasta 15 eventos diarios, generando una derrama ilícita que oscila entre 10 mil y 150 mil pesos por día. Estas cifras revelan el grado de impunidad con el que operan los responsables.

Martínez Vargas lamentó que la colusión entre elementos policiacos y la inacción de la Fiscalía estatal hayan permitido la expansión del fenómeno hacia toda la zona metropolitana del Valle de México, e incluso a la capital del país.

“Importamos el delito a la Ciudad de México. Llegaban grupos con calcomanías del ‘300’, ligados a estructuras sindicales y criminales de Ecatepec, que amedrentaban a los automovilistas”, señaló.

La iniciativa contempla penas más severas cuando las víctimas sean adultos mayores, mujeres o mujeres embarazadas, duplicando la condena hasta alcanzar tres décadas de prisión.

“Es una excelente propuesta que debe aprobarse en el pleno; será un paso firme hacia la pacificación social que impulsa la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en su plan de desarrollo estatal”, agregó el legislador.

El tema, que también se discute en el Poder Legislativo Federal en materia de extorsión, podría replicarse en otros congresos estatales como una medida de protección a la ciudadanía frente a una práctica delictiva que combina engaño, violencia y corrupción.