Proponen hasta 7.5 años de cárcel por amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos

La diputada Ruth Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa para sancionar con penas de hasta siete años y seis meses de prisión a quienes amenacen a periodistas o personas defensoras de derechos humanos en el Estado de México.

La propuesta contempla castigos más severos cuando las amenazas se realicen de manera anónima, a través de redes sociales, medios digitales o escritos; cuando se empleen armas; participen varias personas; o si provienen de servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con datos de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos estatal, entre mayo de 2023 y julio de 2025 se registraron 232 agresiones en contra de este sector, de las cuales 32 correspondieron a amenazas cumplidas: 23 contra defensores y nueve contra periodistas.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Protección Integral de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y el Código Penal mexiquense. Establece hasta tres años de cárcel para quien amenace con dañar a la persona, a su familia, a su pareja, sus bienes, honra, libertad o derechos; dos años si la amenaza no constituye delito pero afecta la tranquilidad de la víctima; y hasta cinco años si la intimidación implica un delito grave. Estas penas podrían aumentar hasta la mitad en los casos agravados.

El documento precisa que no serán consideradas delito las expresiones derivadas del ejercicio de la libertad de expresión, la protesta social, la labor periodística o la defensa de derechos humanos. En caso de que la amenaza se cumpla, se acumulará la sanción correspondiente al delito cometido.

Además, Movimiento Ciudadano propone la creación de un protocolo estatal para la intervención de fuerzas de seguridad con periodistas y defensores, aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, así como un directorio voluntario y confidencial que permita localizarlos de manera rápida en caso de emergencia.

Este protocolo, que sería elaborado y actualizado por autoridades estatales y municipales, retomaría las mejores prácticas internacionales de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el fin de garantizar mayor seguridad y respuesta efectiva frente a riesgos y agresiones.