Arturo Huicochea

No hay forma elegante de decirlo: el gobierno de México enfrenta la delgada línea entre defender o encubrir, ante señalamientos formales de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico de un gobernador, un senador y un puñado de servidores públicos morenistas, responsables de diversos delitos. Negarlo no es opción; enfrentarlo con legalidad, sí.

La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI confirma una tentación peligrosa en el discurso público: convertir variaciones marginales en supuestos logros. A nivel nacional, la percepción de inseguridad registra una ligera disminución. Pero al observar con rigor —considerando el margen de error de la propia encuesta— la conclusión es otra: en los municipios del Estado de México no hay evidencia de mejora real. Hay oscilaciones estadísticas, no cambios sustantivos.

Si usted quiere entender por qué, pese al despliegue constante de programas, campañas y estructuras administrativas, los problemas públicos en el Estado de México persisten casi intactos, la respuesta no está en la falta de recursos ni en la ausencia de trabajo, sino en algo más profundo y menos visible: la manera en que las instituciones piensan —o dejan de pensar— su propia acción.

¿Cómo mueren las autocracias? Lecciones desde Hungría para México

Durante meses, el gobierno federal ha insistido en una narrativa cómoda: los problemas económicos de México —la deuda creciente y el alza en los combustibles— son consecuencia de factores externos. Estados Unidos. Las guerras. Los mercados.

La forma más sutil de ejercer el poder, diría Michel Foucault, es “produciendo realidad, organizando el campo de lo decible y lo pensable”. En otras palabras: quien define de qué hablamos, define qué ignoramos.

En lo que va del año, el gobierno municipal de Toluca ha anunciado una serie de medidas con la intención de mejorar la seguridad pública.

Murió Jürgen Habermas, uno de los filósofos más influyentes de la democracia contemporánea. Tenía 96 años. Durante más de medio siglo sostuvo una tesis incómoda para todos los gobiernos: la democracia no se mide por la popularidad del poder, sino por la calidad de la conversación pública que ese poder permite.

En política pública existe una diferencia sustantiva entre una convicción y una política. La primera se declara; la segunda se diseña, se financia, se ejecuta y se evalúa. El “Compromiso por la Igualdad” firmado ayer por el gobierno del Estado de México y los 125 ayuntamientos, presentado como un decálogo para erradicar la violencia de género, parece ubicarse más en el terreno de la declaración simbólica que en el de la política pública eficaz.

Ha transcurrido un año y dos meses desde que iniciaron funciones los actuales ayuntamientos. El tiempo político avanza más rápido de lo que parece. Y mientras los gobiernos locales ejercen presupuestos y publican declaraciones triunfalistas, el Banco de México publicó ayer la Encuesta sobre las “Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Febrero de 2026” con un dato contundente: la inseguridad es el factor que más amenaza el crecimiento económico del país.

Hay cifras que no admiten maquillaje. Hay números que, cuando se pronuncian en voz alta, pesan como lápidas. En los últimos años, el presupuesto destinado a vacunas en México fue dramática, criminalmente subutilizado.

JORNADA LABORAL DE 40 HORAS, EL NUEVO ENGAÑO

Todo Plan es una promesa pública de mejoría. El Plan Rector del Poder Judicial del Estado de México cumple con lo que formalmente se espera de él: ordena acciones, enumera programas, describe procesos de modernización.

Imagen de: https://serpientesyescaleras.mx/aumenta-tarifa-del-transporte-publico-en-edomex-camiones-combis-y-mexibus-suben-desde-hoy/ Vida Pública El “tarifazo” al precio del transporte público en el Estado de México es un golpe al bolsillo: es una lección de incompetencia. El anuncio, hecho en la noche de viernes a sábado —un auténtico “sabadazo” demuestra que cuando se decide sin evidencias ni claridad de propósito, los costos los paga la ciudadanía y todos perdemos. No hay justificación...